by infobae.com
El fútbol colombiano despertó este 1 de octubre de 2025 con una noticia que estremeció hasta los cimientos del deporte nacional. El escándalo de apuestas ilegales que involucra a seis jugadores del Deportivo Pasto se ha convertido en el caso de corrupción deportiva más grave de la historia reciente del país, con ramificaciones que podrían extenderse mucho más allá de las fronteras nariñenses y poner en jaque la integridad de toda la Liga BetPlay.
Los chats filtrados que salieron a la luz este martes pintan un panorama devastador de planificación criminal que habría operado durante meses. «Mañana perdemos por dos goles de diferencia, ya está arreglado», se lee en uno de los mensajes interceptados por las autoridades. «El arquero se va a hacer el lesionado en el minuto 30 para que entre el suplente», revela otro texto que evidencia el nivel de detalle con que se organizaban los amaños.
Óscar Casabón, presidente del Deportivo Pasto, compareció ante los medios con evidencia contundente que había recopilado durante semanas de investigación interna. «Tenemos pruebas irrefutables de que seis jugadores de nuestro plantel, incluido uno del Sub-20, han estado involucrados en una red de apuestas deportivas que compromete la integridad de nuestras competiciones», declaró con visible emoción el dirigente.
La investigación comenzó cuando el cuerpo técnico notó patrones extraños en el comportamiento de ciertos jugadores durante partidos específicos. Errores inexplicables, decisiones tácticas irracionales y rendimientos anómalamente bajos en momentos cruciales encendieron las alarmas internas. «Veíamos situaciones que simplemente no tenían explicación futbolística», confesó un miembro del staff técnico bajo condición de anonimato.
Los audios revelados por la Fiscalía muestran conversaciones donde se discutían montos específicos para diferentes tipos de «servicios». «Por una tarjeta amarilla son 500 mil pesos, por una roja son dos millones», se escucha en una grabación. «Si el partido termina con más de 2.5 goles, el pago se triplica», añade otra voz en una conversación que data de agosto pasado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que ya había iniciado investigaciones formales contra los jugadores implicados. «Estamos ante un caso de asociación para delinquir agravada, fraude procesal y lavado de activos», explicó el fiscal especializado en delitos contra la administración pública. Las penas por estos delitos podrían alcanzar hasta 20 años de prisión para los involucrados.
El presidente Casabón reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de la organización criminal. «Tenían un sistema sofisticado donde coordinaban no solo resultados, sino marcadores específicos, número de tarjetas y hasta el momento exacto en que ocurrirían ciertos eventos», explicó. «Era una operación que movía millones de pesos mensualmente».
Los jugadores señalados habrían recibido entre 10 y 50 millones de pesos por partido arreglado, dependiendo del tipo de manipulación requerida. Estos montos, significativamente superiores a sus salarios regulares, habrían sido el incentivo principal para participar en la red criminal. «La tentación económica era demasiado grande para resistir», admitió uno de los futbolistas durante el interrogatorio preliminar.
La denuncia formal ante la Fiscalía incluye conversaciones de WhatsApp, transferencias bancarias y testimonios de testigos que confirman la existencia de la red. «Hemos entregado más de 200 páginas de evidencia», confirmó el abogado del club, quien añadió que también se presentaron denuncias ante la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.
El impacto del escándalo trasciende lo deportivo. Las casas de apuestas involucradas, tanto nacionales como internacionales, habrían perdido sumas millonarias debido a las manipulaciones. «Estamos hablando de un fraude que supera los 5.000 millones de pesos», estimó un experto en delitos financieros consultado por la investigación.
Los compañeros no involucrados en el escándalo expresaron su indignación y vergüenza. «Nos sentimos traicionados por quienes considerábamos hermanos», declaró el capitán del equipo. «Han manchado no solo nuestra institución, sino el fútbol colombiano en general». La plantilla restante exigió medidas drásticas contra los responsables.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que seguirá de cerca el desarrollo de la investigación. «Cualquier forma de corrupción en el fútbol será combatida con la máxima severidad», indicaron desde la sede paraguaya. La FIFA también expresó su preocupación y ofreció colaboración en la investigación.
Acolfutpro, el sindicato de futbolistas profesionales, salió en defensa de los jugadores no involucrados pero reconoció la gravedad de las acusaciones. «Esperamos que se haga justicia y que los responsables reciban las sanciones correspondientes», declaró su presidente ejecutivo. «Sin embargo, pedimos que no se generalice y se respete la integridad de quienes han actuado con honor».
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